Tumeremo: El pueblo sin ley que pide justicia

No todo lo que brilla es oro, ni todo lo que es oro vale tanto como para internarse en una mina a batir un colador o reventar una roca para conseguir una pizarra que dentro tiene un mineral que prevalecerá más tiempo que los huesos en proceso de descomposición del que consiguió un kilo, lo registró, celebró, soñó y perdió la vida en una trocha calcinante por haberse sacado la lotería.

Pero en Tumeremo (y en general en el sur del estado Bolívar) la tierra que ofrece una riqueza cercena la vida. Lo saben 28 familias de las cuales solo 17 le ponen nombre a sus muertos. No a sus desaparecidos, porque no exigen una aparición, sino un velorio con cadáver.

Esa es la justicia expectante en un pueblo sin ley.

Pero qué cadáver. Si en las minas que ya se les extrajo el oro se clausuran volviéndolas fosas comunes de los artífices de la lotería que se la jugaron todas por unas «gramas de oro» y estos no se cuentan por decenas, ni miles, ni millones. Simplemente no hay cuenta porque muchos vienen de ser expresidiarios (o presidiarios huidos), otros más son delincuentes de poca monta y los que quedan son desertores de una sociedad podrida en sus tejidos que buscan dignificar la existencia con la esperanza de una mejor vida a través de la riqueza espontánea, y no hay nadie que les lleve la cuenta.

Aunque la Guardia Nacional Bolivariana podría llevar registro de los que ingresan por caminos ilegales a las «bullas» a la par que les cobran la extorsión por dejarles pasar, pero no lo hacen.

Tampoco se lleva la cuenta (¿Cómo?) del oro que se explota en la tierra del estado Bolívar.

Tampoco se lleva la cuenta de las lágrimas de los dolientes de los desaparecidos, las fortunas espontáneas (no fáciles) ni de cuántos perecieron en una masacre presuntamente perpetrada a fuerza de motosierras, mutilaciones y torturas en la tierra que ningún Rangel Gómez (gobernador del estado Bolívar, según unánimes testimonios el máximo artífice de las mafias que controlan la minería en la zona) les había prometido ni advertido.

Esta es la historia, por si no lo habían advertido, que hace de la canción de Rubén Blades, Desapariciones, un cuento de hadas.

Porque hay un profundo y afligido sentir humano puesto entre llamas.

Es un pueblo que, en resumen, pone la muerte de unos cuantos verdaderos inocentes en jaque con una historia que lleva años enquistándose, silenciosa y eminentemente, en el estado cuyo nombre honra el nombre del Libertador de América.

Ninguno es culpable de deshonra ni proceder sospechoso alguno. Pero cuando se investiga, el nombre de los hermanos Ruiz (tres de los desaparecidos, Néstor de Jesús, José Armando y José Ángel) resulta que tiene antecedentes penales, órdenes de captura y pertenecen a una banda rival de la todopoderosa megabanda de crimen organizado que monopoliza la explotación bajo la venia (a juzgar por sus líderes, que ni siquiera figuran en la lista de los más buscados) de la policía científica nacional (Cicpc).

Y así, múltiples testimonios señalan a estos y a otros parte de los «carros» (minibandas constituidas a partir del descubrimiento de zonas [bullas] con potencial de extracción de oro) que buscaron enseñorearse de minas y terminaron siendo exterminadas por la referida megabanda, liderada por El Topo.

Cómo una megabanda criminal opera con total impunidad, ingentes ganancias y sin un solo señalamiento judicial con respecto a la explotación ilegal en uno de los estados más grandes y emblemáticos del país, ensombrecido por múltiples denuncias de desapariciones y masacres no confirmadas.

Porque hay mucho oro y conveniencia de no declarar su extracción masiva para generar riquezas espontáneas que, para sus beneficiados, argumentan las atrocidades que conducen a estas.

Pero un grupo de familias trancaron una carretera internacional en busca de justicia, tranca en la que algunos espontáneos del pueblo cobraron Bs. 10.000 por dejar pasar a algunos (des)favorecidos.

Tranca por la aparición de cadáveres en unas tierras que llegan a los 40 grados de temperatura bajo sombra, en territorios semivirgenes y controlados por un todopoderoso azote que ha operado por casi una década en total impunidad y con una reputación de masacrar a sus rivales a punta de motosierras y luego darle de comer los trozos de carne humana a cerdos y cocodrilos, y con el ultimátum de 72 horas para recibir soluciones.

Pero una tranca disuelta en la madrugada por un contingente de 6 camiones de la Guardia Nacional Bolivariana que «normalizó» la situación en un pueblo que, una vez olvidado, seguirá negociando la botella de agua de 250 ml a Bs. 300 (su precio legal es de Bs. 7), compran el papel moneda a una ganancia del 8% porque sí y, encima, predica abiertamente su falta de ley a la vez que exige justicia.

Bienvenidos a una Venezuela en la que hay mucha fortuna pero no todo lo que brilla es oro.